Alan de muerte

Al poner en debate la pena de muerte, Alan se enfrenta ante su primer error político, o ante una calculada maniobra para ganarse de entrada la simpatía de una sociedad que reclama seguridad. Alan sabe que la aplicación de la pena de muerte no procederá legalmente, y sabe también que ese no es el aspecto que brindará mayor seguridad a los peruanos. Al escoger esta bandera como la primera de su gestión, deja de lado temas trascendentes que contribuirían a mejorar la justicia y la seguridad. Es absurdo decir que los que nos oponemos a la pena de muerte no pensamos en los derechos de los niños. Si de veras se quiere castigo y seguridad, son otros los aspectos a tener en cuenta.

Veamos algunos puntos para rechazar de plano la implantación del homicidio como respuesta estatal.

La operatividad de poner en práctica la pena de muerte es onerosa y muy complicada, a no ser que se piense en implementar horcas, guillotinas garrotes o paredones. Se tendrían que implementar salones de la muerte al menos en algunas de las regiones del país. Lo que significaría un gasto importante.
Con una prensa como la que tenemos, inmadura e interesada, el morbo se incrementaría a límites insospechados. Fijada la fecha de la primera condena a muerte, la misma prensa que gritó por ella, sería capaz de convertir al condenado en víctima. No hay ecuanimidad periodística para enfrentar un tema tan complejo.
La implantación de la pena de muerte llevaría a los cavernarios de siempre, como ya lo están haciendo, a exigir la misma suerte a otros actos ilícitos, y nos veríamos envueltos en una pérdida del sentido de la justicia para pasar al de la venganza.
Nuestro Poder Judicial es incapaz de resolver idóneamente temas tan sencillos como desalojos, deudas o divorcios, en lo civil, y aplica penas desproporcionadas o vendidas en lo penal. Es darle la metralleta al mono entregar la responsabilidad sobre la vida a un PJ estancado en el tiempo y en la corrupción. El PJ no tiene ni la capacidad de expulsar a sus corruptos y menos podría decidir sobre la vida de alguien.
El debate sobre la pena de muerte es cíclico, es una acción política. No busca solucionar el problema de la seguridad. Y es patético ver a los que se oponen al aborto justificar la pena de muerte en algún criterio religioso, como lo hacen Lay o Chávez o Rey.
La muerte legalizada tarde o temprano envilece a la sociedad. La cadena perpetua es lo lógico, y la construcción de una cárcel sólo para violadores asesinos puede contribuir a ello. Además se debería contar con juzgados especializados en delitos contra la libertad sexual.
La pena de muerte no es disuasiva. Es posible que se incrementen las violaciones seguidas de muerte, porque el violador podría preferir asesinar al niño para no ser identificado.

Suena bien, vende bien, provoca éxtasis gritar que maten a esos desgraciados asesinos miserables, como lo hace la desaforada congresista Alcorta o algún termocéfalo director de periódico. Pero el asunto esta vez no es tan sencillo. Se decía que el rival electoral del actual presidente iba a fusilar a ancianos, homosexuales y etc. Pero como para darnos cuenta de lo inconsistente de los argumentos conservadores, hoy son esos que achacaban al candidato los asesinatos indiscriminaos, los que abogan y gritan por imponer el asesinato como política de Estado.

La justicia y la seguridad no pasan por alentar la cultura de la muerte y de la venganza. Si queremos dar seguridad a nuestros ciudadanos lo que debemos hacer es emprender una reforma drástica y radical del Poder Judicial y de la Policía Nacional ya, antes que armar paredones chicha. Esos ministerios clave están en manos de la Ministra Zavala y Massetti, que antes que achicarse ante el ímpetu y el cálculo político de Alan, deberían ser las primeras en sentar posiciones en el gabinete.

Alexandro Saco
www.radiosanborja.com
10 8 2006