Las nuevas parlamentarias quechua-hablantes solicitan que se incorpore al Congreso de la República un traductor para que puedan expresarse en ese idioma. La solicitud ha sido, como era de esperar, mal recibida. Hay una continuidad social que considera que podemos seguir dando la espalda a algunos de los elementos constitutivos del Perú. Si bien no es un asunto que defina el destino del país, sí se trata de un hecho simbólico, más aun con un tercio de la población que tiene al quechua como lengua materna o considerando que la ciudad de Lima es la que alberga mayor cantidad de quechua-hablantes en el mundo.
La recuperación de las lenguas no es una exquisites, es una labor de afirmación de los rasgos culturales, que pueblos inteligentes no dejan pasar. Siempre habrá algún despistado que se escandalice ante el atrevimiento de estas mujeres por hacer valer su derecho a expresarse en su lengua, pero esas reacciones son parte de la fauna que la democracia alberga. El asunto es ponderar el costo beneficio de una acción afirmativa como la que se propone. Un traductor simultáneo podría significar un gasto mensual de unos 700 dólares más la instalación de audífonos; suma que frente al reconocimiento que significaría el hecho ante las comunidades quechuas o andinas, sería un gasto insignificante. Se trata de acciones que forman parte de una concepción del país.
Es cierto que el quechua tiene variaciones despendiendo de la zona geográfica, pero eso no es impedimento para reconocer el idioma. Más aun teniendo en cuenta cómo se ha impuesto el español en el país. Hay una analogía en este tema con el caso del Parto Vertical que el MINSA logró implementar. Mirado desde las ciudades de la costa podría parecer hasta un capricho, y se lanzarían insultos desde la libertad de prensa, como ahora se ha hecho, contra las mujeres que solicitaran implementar esa práctica. Se hubiera preguntado que con qué derecho las mujeres de las alturas piden parir distinto a las de las ciudades, qué se habrán creído. Hoy tenemos la oportunidad de no seguir dando la espalda, no al idioma, sino a toda esa colectividad que no es hispanohablante o que usa su lengua y el español. Con unos dólares mensuales podríamos colocar un cimiento que luego llegue a la educación, a la justicia y se afirme en salud.
El asunto no es la acción de las parlamentarias, si no las reacciones que su propuesta suscita. Reacciones por un lado cavernarias, y por otro las que tratan de entender el reclamo pero lo reciben como un exotismo, para finalmente dejar las cosas igual que antes. Este tema, con algo de inteligencia política, puede convertirse en una válvula que amaine en alguna medida lo telúrico de la protesta social de un gran sector del país que se siente alejado de la conservadora Lima. Reconocer el quechua en la más alta instancia de poder, podría opacar en algo el desprecio existente hacia ese sector del país que reclama nada más que aspectos de sentido común.
Tapar el sol con un grito y agotar el debate es autoritario. El problema del idioma en el país, traído al debate por las parlamentarias, abarca mucho más que un traductor en el Congreso. Es un síntoma que los hispano-hablantes no perciben porque no les dificulta la vida. No es un asunto ideal, es tremendamente práctico y se manifiesta en una serie de actividades de los ciudadanos frete al Estado.
Si se habla de acercar el Estado a la gente, o de aligerar su enorme burocratización, facilitar la relación de las personas frente a sus funcionarios es algo que cae por su propio peso. El proceso electoral demostró ese enorme rechazo al actual estado de cosas, pero cuando se presentan propuestas que pueden mitigar esa realidad, se pretende hacerlas pasar por desproporcionadas. La lengua no es un adorno ni un capricho, es la forma de relacionarnos con la realidad, sin lengua y sin lenguaje nada existiría.
Alexandro Saco
10 8 2006
La recuperación de las lenguas no es una exquisites, es una labor de afirmación de los rasgos culturales, que pueblos inteligentes no dejan pasar. Siempre habrá algún despistado que se escandalice ante el atrevimiento de estas mujeres por hacer valer su derecho a expresarse en su lengua, pero esas reacciones son parte de la fauna que la democracia alberga. El asunto es ponderar el costo beneficio de una acción afirmativa como la que se propone. Un traductor simultáneo podría significar un gasto mensual de unos 700 dólares más la instalación de audífonos; suma que frente al reconocimiento que significaría el hecho ante las comunidades quechuas o andinas, sería un gasto insignificante. Se trata de acciones que forman parte de una concepción del país.
Es cierto que el quechua tiene variaciones despendiendo de la zona geográfica, pero eso no es impedimento para reconocer el idioma. Más aun teniendo en cuenta cómo se ha impuesto el español en el país. Hay una analogía en este tema con el caso del Parto Vertical que el MINSA logró implementar. Mirado desde las ciudades de la costa podría parecer hasta un capricho, y se lanzarían insultos desde la libertad de prensa, como ahora se ha hecho, contra las mujeres que solicitaran implementar esa práctica. Se hubiera preguntado que con qué derecho las mujeres de las alturas piden parir distinto a las de las ciudades, qué se habrán creído. Hoy tenemos la oportunidad de no seguir dando la espalda, no al idioma, sino a toda esa colectividad que no es hispanohablante o que usa su lengua y el español. Con unos dólares mensuales podríamos colocar un cimiento que luego llegue a la educación, a la justicia y se afirme en salud.
El asunto no es la acción de las parlamentarias, si no las reacciones que su propuesta suscita. Reacciones por un lado cavernarias, y por otro las que tratan de entender el reclamo pero lo reciben como un exotismo, para finalmente dejar las cosas igual que antes. Este tema, con algo de inteligencia política, puede convertirse en una válvula que amaine en alguna medida lo telúrico de la protesta social de un gran sector del país que se siente alejado de la conservadora Lima. Reconocer el quechua en la más alta instancia de poder, podría opacar en algo el desprecio existente hacia ese sector del país que reclama nada más que aspectos de sentido común.
Tapar el sol con un grito y agotar el debate es autoritario. El problema del idioma en el país, traído al debate por las parlamentarias, abarca mucho más que un traductor en el Congreso. Es un síntoma que los hispano-hablantes no perciben porque no les dificulta la vida. No es un asunto ideal, es tremendamente práctico y se manifiesta en una serie de actividades de los ciudadanos frete al Estado.
Si se habla de acercar el Estado a la gente, o de aligerar su enorme burocratización, facilitar la relación de las personas frente a sus funcionarios es algo que cae por su propio peso. El proceso electoral demostró ese enorme rechazo al actual estado de cosas, pero cuando se presentan propuestas que pueden mitigar esa realidad, se pretende hacerlas pasar por desproporcionadas. La lengua no es un adorno ni un capricho, es la forma de relacionarnos con la realidad, sin lengua y sin lenguaje nada existiría.
Alexandro Saco
10 8 2006
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