El transporte público urbano e interprovincial es un problema de carácter político. Los límites que han traspasado los transportistas superan el ámbito de su sector. Han invadido otros aspectos del desenvolvimiento social. Desde las majaderías que los usuarios tienen que soportar de los choferes y cobradores en el caso urbano, hasta la disparatada exigencia de que aceptemos que un camión pueda convertirse en un ómnibus interprovincial. En el caso urbano, los transportistas no deberían exigir ninguna compresión de nuestra parte mientras ellos no mejoren el peligro público que su servicio significa. No son pues atendibles sus reivindicaciones sobre las tarifas mientras la arbitrariedad sea constante en su servicio.
Veamos algunos aspectos de esa arbitrariedad, reconociendo que puede haber una pequeña minoría que trata de hacer su labor correctamente. Música a niveles de volumen inaceptables en un servicio público. Modificación de la distancia entre asientos al interior de la unidad, como si los peruanos tuviéramos una talla promedio de un metro treinta. Paraderos que nunca se respetan. El usuario tiene que trepar o saltar de la unidad, en la mayoría de los casos. Desprecio a los escolares a los que cuales se les baja de las unidades como si se tratara de delincuentes. Carreras entre unidades que afectan no sólo a los usuarios si no a los conductores privados. Todo ello y más sumado al ánimo de los transportistas que por lo general maltratan al usuario como si éste tuviera la culpa de sus problemas.
El tema es también que los choferes o cobradores, son en su mayoría dependientes de los propietarios de las unidades, mayores responsables de la situación, que pueden seguir empleando a personas que cuentan con decenas de infracciones o que en el caso interprovincial hacen trabajar sobre tiempos muy peligrosos, ya que el acto de conducir un vehículo durante horas es agotador. Si bien hay una serie de aspectos paralelos, como los referidos a la responsabilidad del Estado en infraestructura o en la corrupción de la policía que debiera controlar irregularidades, eso no justifica la situación. Los dirigentes del trasporte se han limitado a exigir menos impuestos o eliminación de algunos pasajes, y no han establecido compromisos serios. Peor aun cuando reclaman un pasaje mínimo de un sol cincuenta y todos conocemos que por medio sol se pueden recorrer trechos no tan cortos.
Con más de setenta y cinco mil accidentes al año y más de tres mil personas muertas sumadas a los heridos o incapacitados, nos encontramos con cifras dignas de una guerra, lo cual es obviamente inaceptable. La urgencia no se ha interiorizado en autoridades y representantes políticos, las normas establecidas no serán suficientes mientras no haya el claro ánimo de enfrentar el tema. Los transportistas tienen poder, pueden paralizar la ciudad o interrumpir carreteras y en algunos casos funcionan como mafias. De otra forma no se entiende que el caso de los camiones bus pueda ser impermeable a las autoridades. Estos buses deberían ser intervenidos y desensamblados como mínimo.
La realidad del transporte público se ha convertido en un problema de política nacional. Un municipio, así sea el más grande del país como el de Lima, no puede enfrentarlo. El Ministerio de Transportes tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Cada vez que se ha pretendido poner en orden a los transportistas han terminado por poner de vuelta y media a la ciudad que quiso establecer limitaciones a su accionar. El fujimorismo vendió la idea de que liberalizando el mercado automotor eso llevaría a una mayor oferta y beneficio de los usuarios. Han pasado quince años de esa desacertada medida y no hay un responsable político al que podamos exigir que aminoren los homicidios culposos que día a día debemos soportar indignados.
La convivencia social viene siendo afectada por muchos factores en el país, unos más antiguos otros más recientes. Permanecer cinco años más inactivos frente a la irresponsabilidad de empleados y propietarios del transporte sería grave. Sin duda si el nuevo gobierno convoca los esfuerzos de distintos sectores para avanzar en este cometido, será apoyado. Esperamos una clara señal política.
Alexandro Saco
25 6 2006
Veamos algunos aspectos de esa arbitrariedad, reconociendo que puede haber una pequeña minoría que trata de hacer su labor correctamente. Música a niveles de volumen inaceptables en un servicio público. Modificación de la distancia entre asientos al interior de la unidad, como si los peruanos tuviéramos una talla promedio de un metro treinta. Paraderos que nunca se respetan. El usuario tiene que trepar o saltar de la unidad, en la mayoría de los casos. Desprecio a los escolares a los que cuales se les baja de las unidades como si se tratara de delincuentes. Carreras entre unidades que afectan no sólo a los usuarios si no a los conductores privados. Todo ello y más sumado al ánimo de los transportistas que por lo general maltratan al usuario como si éste tuviera la culpa de sus problemas.
El tema es también que los choferes o cobradores, son en su mayoría dependientes de los propietarios de las unidades, mayores responsables de la situación, que pueden seguir empleando a personas que cuentan con decenas de infracciones o que en el caso interprovincial hacen trabajar sobre tiempos muy peligrosos, ya que el acto de conducir un vehículo durante horas es agotador. Si bien hay una serie de aspectos paralelos, como los referidos a la responsabilidad del Estado en infraestructura o en la corrupción de la policía que debiera controlar irregularidades, eso no justifica la situación. Los dirigentes del trasporte se han limitado a exigir menos impuestos o eliminación de algunos pasajes, y no han establecido compromisos serios. Peor aun cuando reclaman un pasaje mínimo de un sol cincuenta y todos conocemos que por medio sol se pueden recorrer trechos no tan cortos.
Con más de setenta y cinco mil accidentes al año y más de tres mil personas muertas sumadas a los heridos o incapacitados, nos encontramos con cifras dignas de una guerra, lo cual es obviamente inaceptable. La urgencia no se ha interiorizado en autoridades y representantes políticos, las normas establecidas no serán suficientes mientras no haya el claro ánimo de enfrentar el tema. Los transportistas tienen poder, pueden paralizar la ciudad o interrumpir carreteras y en algunos casos funcionan como mafias. De otra forma no se entiende que el caso de los camiones bus pueda ser impermeable a las autoridades. Estos buses deberían ser intervenidos y desensamblados como mínimo.
La realidad del transporte público se ha convertido en un problema de política nacional. Un municipio, así sea el más grande del país como el de Lima, no puede enfrentarlo. El Ministerio de Transportes tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Cada vez que se ha pretendido poner en orden a los transportistas han terminado por poner de vuelta y media a la ciudad que quiso establecer limitaciones a su accionar. El fujimorismo vendió la idea de que liberalizando el mercado automotor eso llevaría a una mayor oferta y beneficio de los usuarios. Han pasado quince años de esa desacertada medida y no hay un responsable político al que podamos exigir que aminoren los homicidios culposos que día a día debemos soportar indignados.
La convivencia social viene siendo afectada por muchos factores en el país, unos más antiguos otros más recientes. Permanecer cinco años más inactivos frente a la irresponsabilidad de empleados y propietarios del transporte sería grave. Sin duda si el nuevo gobierno convoca los esfuerzos de distintos sectores para avanzar en este cometido, será apoyado. Esperamos una clara señal política.
Alexandro Saco
25 6 2006
3 comentarios:
la hipotesis central con que desarrollas tu reflexion sobre el transporte publico urbano se puede resumir en la carencia de autoridad de los organos burocraticos correspondientes ,pero no has considerado la ecuacion de exceso de unidades en horas de menor demanda publica y la escasez de estas en horas de mayor demanda publica.siendo las curvas de ganancia-perdida opuestas y tendiendo a cero. el unico que se beneficia de esta irracionalidad de costos es el gobierno de turno a travez de su voracidad impositiva.esa es la esencia de que el asunto no se solucione.
no es problema de autoridad unicamente. sin la colaboración de los transportistas para entender la naturaleza del servicio que brindan, sin que ellos asuman que son los principales responsables de lo que sucede en la pista, y no la burocracia, no podremos avanzar. Ok, el estado debe facilitar no sólo la labor del transporte, sino todas las actividades económicas. El trnsporte se va a empezar a solucionar en el perú, cuando los transportistas entiendan que el orden depende en gran medida de su concepción del servicio que dan. Y eso depende en buena medida de una dirigencia inteligente en ese gremio, que hoy no existe.
cual es la estructura de poder mas fuerte, valido y eficiente en el caso especifico dado, el estado o un gremio?. si es un gremio entonces se trata de que nos encontramos dentro de un estado debil y dominado por la mafia, si es a la inversa entonces es el estado quien a traves de su brazo burocratico tiene que imponerse y educar. el problema en este asunto es que la elite que debe guiar los cambios tampoco tiene una dirigencia inteligente.
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