Qué puede oponerse a que dos adultos que deciden poner fin al contrato matrimonial lo hagan en un trámite instantáneo: dogma, leguleyada o moralina de agentes descalificados para asuntos personales. La libertad no está condicionada por la familia y su significado, y menos por un trámite que a pesar de las leyes procesales significa padecimiento ante el absurdo judicial peruano. A pesar de que dos personas expresan su voluntad de disolver el contrato matrimonial, el Estado les obliga a regresar en seis meses para ratificar esa intención. El acto frente a un burócrata municipal que significa en contrato matrimonial no debe ser protegido por la legalidad, por el contrario, debe ser desprotegido, limitado a lo que realmente lo puede sostener: los sentimientos y los proyectos de vida.
Una congresista plantea que los divorcios de mutuo acuerdo sean resueltos municipalmente. Su razonamiento es correcto. Dice la Sacieta que todo el trámite legal en un juzgado sirve para que finalmente se inscriba una nota marginal en la partida municipal del contrato matrimonial. Por eso, dice ella, abreviar el trámite implica realizarlo en la propia municipalidad. Los detractores argumentan que puede haber problemas en las municipalidades que deberán recibir las solicitudes, ya que se podrían generar dificultades administrativas. Ese dilema no es exacto. El divorcio civil únicamente debe expresar la voluntad de disolución del contrato: la pareja debería presentarse ante el funcionario, comprobar su identidad, firmar la disolución y se acabó. Todo lo demás es lo de menos. Los que provenimos de familias desestructuradas sabemos que la formalidad legal es accesoria a la realidad que nos toca vivir, y que la ley no protege absolutamente nada en este caso, sino que lo entorpece.
Dicho esto es propicio señalar que el matrimonio no es un acto que se encuentre en declive. Por el contrario existe toda una industria que responde a las necesidades que la sociedad de consumo ha impuesto. Para casarse hay que hacerlo de tal forma. Es casi imposible para una pareja que decide optar por el matrimonio, evadir la avalancha de requerimientos y opciones del menú matrimonial, en las que hay, no podría ser de otro modo, para todos los bolsillos.
La gente se casa, mis contemporáneos en una proporción de 3 a 1 han optado por casarse y los muchachitos lo siguen y seguirán haciendo. Pero así como el contrato matrimonial es alentado y las condiciones para ello se ofrecen en cada esquina, lo coherente es que la opción del fin del contrato sea automática. Ya que si alguien decide separarse después de haber transitado toda la parafernalia matrimonial, pues debe estar muy decepcionado. Ante eso la ley y la religión no son funcionales.
Volviendo a la constatación de que el matrimonio no está en declive y de que las parejas siguen optando por esta extraña mezcla de unión civil y religiosa, es oportuno también comentar que las separaciones aumentan drásticamente. Hablaré otra vez de mis contemporáneos cercanos. Por lo menos la mitad de los que optaron por el contrato civil y la unión religiosa, hace unos pocos años, hoy la desconocen y encuentran en la legalidad que sostiene ese acto un escollo a su posterior elección personal. Así como existe un porcentaje importante de gente que en el matrimonio encuentra una opción de vida validada por las estructuras socio políticas, existe otro porcentaje al que es obligación allanarle el camino para que su decisión de separación legal sea automática.
La legalidad no debe sostener creencias por las que un contrato pueda atar a una pareja, o la someta a lo indigno de enfrentar un proceso judicial en nuestro país. Es inaceptable que amparados en una serie de pseudo argumentos, dogmáticos y falsos defensores sociales pretendan que muchos sigan atados con babas a una situación que en su vida ha caducado.
Así como a algunos nos parece algo alucinante comprometer legalmente nuestros sentimientos y proyectos de vida ante a un funcionario municipal, nos parece también un abuso que la libertad de decidir una opción de vida, expresada por la voluntad de separación de la pareja, pueda estar en manos de un señor juez de la tremenda corte. La libertad para unirse vía el contrato matrimonial existe, el acuerdo de una pareja para desatar esa unión no admite nada en contra.
Alexandro Saco
11 3 2007
www.radiosanborja.comUna congresista plantea que los divorcios de mutuo acuerdo sean resueltos municipalmente. Su razonamiento es correcto. Dice la Sacieta que todo el trámite legal en un juzgado sirve para que finalmente se inscriba una nota marginal en la partida municipal del contrato matrimonial. Por eso, dice ella, abreviar el trámite implica realizarlo en la propia municipalidad. Los detractores argumentan que puede haber problemas en las municipalidades que deberán recibir las solicitudes, ya que se podrían generar dificultades administrativas. Ese dilema no es exacto. El divorcio civil únicamente debe expresar la voluntad de disolución del contrato: la pareja debería presentarse ante el funcionario, comprobar su identidad, firmar la disolución y se acabó. Todo lo demás es lo de menos. Los que provenimos de familias desestructuradas sabemos que la formalidad legal es accesoria a la realidad que nos toca vivir, y que la ley no protege absolutamente nada en este caso, sino que lo entorpece.
Dicho esto es propicio señalar que el matrimonio no es un acto que se encuentre en declive. Por el contrario existe toda una industria que responde a las necesidades que la sociedad de consumo ha impuesto. Para casarse hay que hacerlo de tal forma. Es casi imposible para una pareja que decide optar por el matrimonio, evadir la avalancha de requerimientos y opciones del menú matrimonial, en las que hay, no podría ser de otro modo, para todos los bolsillos.
La gente se casa, mis contemporáneos en una proporción de 3 a 1 han optado por casarse y los muchachitos lo siguen y seguirán haciendo. Pero así como el contrato matrimonial es alentado y las condiciones para ello se ofrecen en cada esquina, lo coherente es que la opción del fin del contrato sea automática. Ya que si alguien decide separarse después de haber transitado toda la parafernalia matrimonial, pues debe estar muy decepcionado. Ante eso la ley y la religión no son funcionales.
Volviendo a la constatación de que el matrimonio no está en declive y de que las parejas siguen optando por esta extraña mezcla de unión civil y religiosa, es oportuno también comentar que las separaciones aumentan drásticamente. Hablaré otra vez de mis contemporáneos cercanos. Por lo menos la mitad de los que optaron por el contrato civil y la unión religiosa, hace unos pocos años, hoy la desconocen y encuentran en la legalidad que sostiene ese acto un escollo a su posterior elección personal. Así como existe un porcentaje importante de gente que en el matrimonio encuentra una opción de vida validada por las estructuras socio políticas, existe otro porcentaje al que es obligación allanarle el camino para que su decisión de separación legal sea automática.
La legalidad no debe sostener creencias por las que un contrato pueda atar a una pareja, o la someta a lo indigno de enfrentar un proceso judicial en nuestro país. Es inaceptable que amparados en una serie de pseudo argumentos, dogmáticos y falsos defensores sociales pretendan que muchos sigan atados con babas a una situación que en su vida ha caducado.
Así como a algunos nos parece algo alucinante comprometer legalmente nuestros sentimientos y proyectos de vida ante a un funcionario municipal, nos parece también un abuso que la libertad de decidir una opción de vida, expresada por la voluntad de separación de la pareja, pueda estar en manos de un señor juez de la tremenda corte. La libertad para unirse vía el contrato matrimonial existe, el acuerdo de una pareja para desatar esa unión no admite nada en contra.
Alexandro Saco
11 3 2007
www.forosalud.org.pe
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