No es novedad que el trasporte público peruano compite con el senderismo en número de víctimas. No es novedad que se trata de un tema de salud pública. Y no es novedad que los responsables estatales se mueren de miedo por poner en regla este caos. El transporte público peruano es una amenaza para todos sus usuarios. Literalmente uno puede subir a un transporte público y bajar cadáver. El tema se convierte en un asunto de supervivencia. Así como no podemos aspirar a desarrollarnos sin educación o sin un sistema de salud idóneo, menos lo haremos con un transporte que mata día a día.
En salud o en educación aquel que tiene capacidad económica puede librarse de las consecuencias de las limitaciones sectoriales. En cambio el trasporte público está en cada avenida de la ciudad y carretera del país: taxis, combis, mototaxis, camiones y buses interprovinciales, comparten la irresponsabilidad y sus consecuencias.
En vista de que la tolerancia cero del gobierno fracasó porque un puesto de control no asegura el cumplimiento de las medidas de seguridad, propongo lo siguiente: Policías vestidos de civil en las unidades de transporte público urbano e interprovincial. Estos agentes camuflados, en el caso urbano, una vez que el chofer u otro responsable cometa una falta, se identificarían, harían parar el vehículo, colocarían la infracción y llamarían a la grúa para que el vehículo sea depositado; en el caso interprovincial, una vez que el bus llegue a un puesto de control o destino final, el policía camuflado informaría y se procedería a la intervención. Lo que se debe implementar es la norma que autorice el depósito del vehículo por determinadas faltas.
Las faltas por las que un vehículo podría ser llevado al depósito son varias: en el caso urbano, volumen excesivo del equipo de sonido, parar en lugares indebidos, tener más personas de las que caben cómodamente, exigir a los pasajeros que se sienten o se vayan al fondo, apurar la subida o la bajada de los pasajeros, exceder determinado límite de velocidad; en el caso interprovincial, recoger en la carretera, obligar a los pasajeros a consumir en determinados restaurantes, permitir vendedores ambulantes. Otro ámbito que puede contribuir en este aspecto es la implementación de juzgados especializados en transporte. Si bien la especialización judicial tiene sus límites, en este tema puede servir para fortalecer los derechos del usuario, creando una norma expeditiva.
No será sencillo enfrentar a este sector resistente a cualquier reforma. Pero así como los gobernantes tienen ánimo para enderezar al SUTEP, nos haría bien iniciar esfuerzos para el fin del caos en el transporte. Es cuestión de convivencia social. Somos mayoría los que estamos indignados con esta realidad y ya hemos gastado mucha energía poniendo en su lugar a choferes y cobradores a los que finalmente no les importa una recriminación. Son decenas de miles los muertos y víctimas irreparables de la arbitrariedad con la que operan los transportistas públicos. Y lo más alucinante del caso, es que la mayoría lleva colgada en su espejo una imagen religiosa.
Alexandro Saco
6 8 2007
www.radiosanborja.com
En salud o en educación aquel que tiene capacidad económica puede librarse de las consecuencias de las limitaciones sectoriales. En cambio el trasporte público está en cada avenida de la ciudad y carretera del país: taxis, combis, mototaxis, camiones y buses interprovinciales, comparten la irresponsabilidad y sus consecuencias.
En vista de que la tolerancia cero del gobierno fracasó porque un puesto de control no asegura el cumplimiento de las medidas de seguridad, propongo lo siguiente: Policías vestidos de civil en las unidades de transporte público urbano e interprovincial. Estos agentes camuflados, en el caso urbano, una vez que el chofer u otro responsable cometa una falta, se identificarían, harían parar el vehículo, colocarían la infracción y llamarían a la grúa para que el vehículo sea depositado; en el caso interprovincial, una vez que el bus llegue a un puesto de control o destino final, el policía camuflado informaría y se procedería a la intervención. Lo que se debe implementar es la norma que autorice el depósito del vehículo por determinadas faltas.
Las faltas por las que un vehículo podría ser llevado al depósito son varias: en el caso urbano, volumen excesivo del equipo de sonido, parar en lugares indebidos, tener más personas de las que caben cómodamente, exigir a los pasajeros que se sienten o se vayan al fondo, apurar la subida o la bajada de los pasajeros, exceder determinado límite de velocidad; en el caso interprovincial, recoger en la carretera, obligar a los pasajeros a consumir en determinados restaurantes, permitir vendedores ambulantes. Otro ámbito que puede contribuir en este aspecto es la implementación de juzgados especializados en transporte. Si bien la especialización judicial tiene sus límites, en este tema puede servir para fortalecer los derechos del usuario, creando una norma expeditiva.
No será sencillo enfrentar a este sector resistente a cualquier reforma. Pero así como los gobernantes tienen ánimo para enderezar al SUTEP, nos haría bien iniciar esfuerzos para el fin del caos en el transporte. Es cuestión de convivencia social. Somos mayoría los que estamos indignados con esta realidad y ya hemos gastado mucha energía poniendo en su lugar a choferes y cobradores a los que finalmente no les importa una recriminación. Son decenas de miles los muertos y víctimas irreparables de la arbitrariedad con la que operan los transportistas públicos. Y lo más alucinante del caso, es que la mayoría lleva colgada en su espejo una imagen religiosa.
Alexandro Saco
6 8 2007
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