En una breve visita a las principales cadenas de farmacias, se puede constatar el atentado que éstas realizan sobre la salud pública. Pregunte usted por algo tan esencial como los condones más baratos y obtendrá las siguientes respuestas: Mifarma 6 soles, Inka Farma 5, Arcángel 4.90, BTL 4.90, Fasa 2.5; Boticas y salud, la cadena que se jacta de ser peruana, no vende condones en ninguna de sus tiendas. Es evidente que existe concertación para vender condones a determinado precio en las cadenas de farmacias, o no venderlos. La consecuencia directa de eso es que las cadenas están contribuyendo al incremento de casos de infecciones de transmisión sexual incluida el VIH-SIDA, y de embarazos no deseados con sus consecuencias como el aborto.
¿Cómo así? No porque el cliente deje o no de llevar el condón de seis soles, sino porque, por un lado, esos seis soles podrían servir para adquirir decenas de condones, y por otro porque algunas farmacias ni si quiera permiten acceder a este elemento de seguridad y de prevención. Se genera así una barrera de acceso a condones que afecta a un importante segmento poblacional, independientemente de si el Estado reparte o no éstos a los pobres, o de que haya sectores que paguen precios elevados sin que les afecte. Esa cadena deriva en que la gente tenga acceso a menos condones y así se den más relaciones sin protección.
La salud pública y todo lo relacionado con ella, así sea prestada por entidades privadas, es parte de lo público, y como tal no es susceptible de la aplicación univoca de la lógica empresarial. Sea porque las cadenas de farmacias ganan mucho vendiendo condones a precios exorbitantes o porque ganan poco si expendieran las distintas marcas, lo que hoy sucede en el Perú, donde éstas cadenas tienen más del 60% del mercado de medicamentos, es una distorsión grave. Nos golpeamos el pecho frente a distintos actos de violencia que pueden o no producir víctimas humanas aquí o en otros lugares, pero no nos llama la atención esta actitud comercial que sin duda está contribuyendo a la enfermedad y muerte de muchos peruanos.
El caso que linda con lo alucinante es el de la cadena Boticas y Salud, en la cual no se venden condones. En todas las farmacias de esa cadena que he visitado, he preguntado a los vendedores el porqué de esta decisión, y lo único que atinan a decir es que la empresa así lo ha dispuesto. Es como si un particular abriera un colegio y decidiera no dictar el curso de Historia del Perú, o como si un medio de comunicación informativo decidiera sólo informar sobre el partido Z. Desde mi punto de vista, hay asuntos elementales en salud pública, y uno de ellos es que el carácter público o privado de los agentes del mercado sanitario, no puede ir en contra de la salud de las poblaciones. En resumen, las farmacias privadas no deben dejar de vender insumos esenciales para la salud, y si lo hacen deberán ser sancionadas o clausuradas.
Cosas como estás u otras pueden deberse en buena medida a que el organismo responsable de los medicamentos en el país, la DIGEMID, es la única institución de este tipo en la región que no posee capacidad reguladora sobre los agentes del mercado. Está atada de manos sin que haya iniciativa para variar esa situación, que por ejemplo le permita influir sobre la regulación de los precios de los medicamentos en el país. No con ánimo estatizante, sino debido a que entre el costo del medicamentos y su venta final, en promedio debe haber una diferencia de mil por ciento o más. Tanto así que a algunos insumos importados hay que colocarle precios mucho mayores a los reales cuando ingresan al país, para hacer que la contabilidad se adecue a nuestra moneda más pequeña: un céntimo.
De hecho no son ninguna novedad las arbitrariedades que los consumidores debemos tolerar cuando acudimos a las cadenas de farmacias, donde así uno pregunte por el medicamento genérico el vendedor tiene la orden de inducir a que el cliente opte por el medicamento de marca más caro.
Y esto me permite volver a un punto mencionado en otros artículos en relación a la corrupción. Si la corrupción es un acto de aprovechamiento indebido ejerciendo el poder o los nexos con éste para beneficio propio, ¿no es lo que hacen las cadenas de farmacias un acto igual o peor que la corrupción más burda? Obviamente que sí. Es necesario abrir el debate de la corrupción para llevarlo hacia uno más amplio en relación al aprovechamiento indebido, legal o ilegal, que desarrollan entidades privadas o públicas. Más aun si tienen consecuencias directas sobre la salud de la gente.
Alexandro Saco
30 11 2008
¿Cómo así? No porque el cliente deje o no de llevar el condón de seis soles, sino porque, por un lado, esos seis soles podrían servir para adquirir decenas de condones, y por otro porque algunas farmacias ni si quiera permiten acceder a este elemento de seguridad y de prevención. Se genera así una barrera de acceso a condones que afecta a un importante segmento poblacional, independientemente de si el Estado reparte o no éstos a los pobres, o de que haya sectores que paguen precios elevados sin que les afecte. Esa cadena deriva en que la gente tenga acceso a menos condones y así se den más relaciones sin protección.
La salud pública y todo lo relacionado con ella, así sea prestada por entidades privadas, es parte de lo público, y como tal no es susceptible de la aplicación univoca de la lógica empresarial. Sea porque las cadenas de farmacias ganan mucho vendiendo condones a precios exorbitantes o porque ganan poco si expendieran las distintas marcas, lo que hoy sucede en el Perú, donde éstas cadenas tienen más del 60% del mercado de medicamentos, es una distorsión grave. Nos golpeamos el pecho frente a distintos actos de violencia que pueden o no producir víctimas humanas aquí o en otros lugares, pero no nos llama la atención esta actitud comercial que sin duda está contribuyendo a la enfermedad y muerte de muchos peruanos.
El caso que linda con lo alucinante es el de la cadena Boticas y Salud, en la cual no se venden condones. En todas las farmacias de esa cadena que he visitado, he preguntado a los vendedores el porqué de esta decisión, y lo único que atinan a decir es que la empresa así lo ha dispuesto. Es como si un particular abriera un colegio y decidiera no dictar el curso de Historia del Perú, o como si un medio de comunicación informativo decidiera sólo informar sobre el partido Z. Desde mi punto de vista, hay asuntos elementales en salud pública, y uno de ellos es que el carácter público o privado de los agentes del mercado sanitario, no puede ir en contra de la salud de las poblaciones. En resumen, las farmacias privadas no deben dejar de vender insumos esenciales para la salud, y si lo hacen deberán ser sancionadas o clausuradas.
Cosas como estás u otras pueden deberse en buena medida a que el organismo responsable de los medicamentos en el país, la DIGEMID, es la única institución de este tipo en la región que no posee capacidad reguladora sobre los agentes del mercado. Está atada de manos sin que haya iniciativa para variar esa situación, que por ejemplo le permita influir sobre la regulación de los precios de los medicamentos en el país. No con ánimo estatizante, sino debido a que entre el costo del medicamentos y su venta final, en promedio debe haber una diferencia de mil por ciento o más. Tanto así que a algunos insumos importados hay que colocarle precios mucho mayores a los reales cuando ingresan al país, para hacer que la contabilidad se adecue a nuestra moneda más pequeña: un céntimo.
De hecho no son ninguna novedad las arbitrariedades que los consumidores debemos tolerar cuando acudimos a las cadenas de farmacias, donde así uno pregunte por el medicamento genérico el vendedor tiene la orden de inducir a que el cliente opte por el medicamento de marca más caro.
Y esto me permite volver a un punto mencionado en otros artículos en relación a la corrupción. Si la corrupción es un acto de aprovechamiento indebido ejerciendo el poder o los nexos con éste para beneficio propio, ¿no es lo que hacen las cadenas de farmacias un acto igual o peor que la corrupción más burda? Obviamente que sí. Es necesario abrir el debate de la corrupción para llevarlo hacia uno más amplio en relación al aprovechamiento indebido, legal o ilegal, que desarrollan entidades privadas o públicas. Más aun si tienen consecuencias directas sobre la salud de la gente.
Alexandro Saco
30 11 2008
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