Castañeda fue citado al Congreso para rendir cuentas, pero salió en olor a multitud, con la complicidad de rastreros congresistas. Si bien el alcalde llevó su portátil al hemiciclo y sus congresistas y abogados sacaron la cara por él, lo cierto es que ya se percibe a su alrededor cierto halo de poder. El peligro que significa su llega a Palacio de Gobierno es latente. Peligro porque el caso Comunicore - Relima ha evidenciado, ahora sin ningún atenuante, las otras habilidades del alcalde. Por eso la imagen de eficiencia y de interés social basada sobre todo en los Hospitales de la Solidaridad, es necesario que sea enfocada.
Existe un hecho que puede aportar a entender los intereses detrás de estos establecimientos de salud. El MINSA durante los últimos años ha llevado adelante el proceso de descentralización, entregando facultades y competencias a todas las regiones del país, por lo que son ahora las DIRESAS las responsables en primera instancia de la organización sanitaria. Sólo una región se ha negado sistemáticamente a asumir esas competencias que implican responsabilidades; esa región, como ya se habrá dado cuenta el lector, es Lima.
Frente a las dificultades de EsSalud para atender oportunamente a sus afiliados, a la limitada oferta del MINSA y a las tarifas prohibitivas de las clínicas privadas, los Hospitales de la Solidaridad crean la sensación de una ampliación del acceso a salud. Pagar siete soles y ser atendido en menos de una hora puede ser mejor que nada. Pero más allá de esa primera impresión, veamos algunos datos no investigados a profundidad pero que circulan desde hace mucho; sino, pregúntenle a un trabajador de la franquicia solidaridad.
• Franquicia Hospitales de la Solidaridad. Un empresario que cuenta con el capital suficiente solicita se le entregue la marca Solidaridad, firma un contrato con una empresa ad hoc creada por el municipio (no es gratuito el énfasis sobre el ámbito privado puesto por Castañeda en el caso Comunicore), alquila equipos clínicos e instala el servicio aceptando entregar un porcentaje de sus ingresos a la empresa dueña de la franquicia. Esa relación contractual privada, que como es natural busca maximizar sus beneficios, deriva en una serie de aberraciones sanitarias.
• Los Hospitales de la Solidaridad, en la mayoría de casos, no elaboran ni permiten acceder a las historias clínicas a sus usuarios. Ello puede llevar a que si se presenta un evento adverso o una referencia necesaria, no haya antecedente de la situación, a pesar de que la historia clínica es un derecho establecido en la ley general de salud.
• Los Hospitales de la Solidaridad en muchos casos funcionan en contenedores que fueron usados en el transporte marítimo de carga. Exagerando un poco, pero no llegando a lo inverosímil, algunos de estos fierros pueden haber transportado basura tóxica o algún otro material contaminante.
• Los Hospitales de la Solidaridad se han instalado en medio de la pista, dentro de mercados, o alquilan infraestructuras precarias no apropiadas para servicios de salud con mínima calidad.
• Los Hospitales de la Solidaridad precarizan el trabajo de los profesionales de la salud al exigirles una elevada cantidad de atenciones que se pagan al destajo, como en un obraje del siglo XVIII. Obviamente en estas franquicias no existen derechos laborales para su personal. Asimismo, los médicos son obligados a solicitar al usuario la mayor cantidad de análisis en laboratorios recomendados.
• Los Hospitales de la Solidaridad, al no tener en la mayoría de los casos elevada capacidad resolutiva, cuando se presenta una complicación, derivan el caso a clínicas también recomendadas; o los usuarios con complicaciones luego de destinar recursos a la solidaridad y a laboratorios, finalmente llegan al MINSA o a EsSalud.
Los Hospitales de la Solidaridad no tienen nada de solidarios, y si bien crean la sensación de acceso a salud para personas que pueden pagar, lo cierto es que son un actor que impide elevar las condiciones de acceso a salud en el país, al contribuir a la dispersión y precarización sanitaria. Es justamente lo contrario lo que se requiere para consolidar el derecho a la salud. Para ello se necesita un orden mínimo que permita desde la función rectora del MINSA u otra instancia, fiscalizar, sancionar, estandarizar, acreditar, en fin, otorgar al ciudadano la garantía de que los servicios públicos o privados no son un negocio que se instala en medio de la pista, sino que salvaguardan lo que está en juego: la salud y la vida.
Castañeda ha evadido sistemáticamente su responsabilidad como Presidente de la Región más importante del país: Lima. Porque este candidato no sólo fue elegido alcalde, sino por mandato de la ley que ha incumplido, su función debió ser la de Presidente de la Región. Pero con la misma facilidad con la que se desaparecen veinte millones de soles, se ha hecho el loco y desconocido su mandato. Por eso me parece claro que no podrá enfrentar una responsabilidad mayor como la de conducir el país, sin el autoritarismo y conservadurismo rampante que lo caracteriza.
Alexandro Saco
7 3 2010
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