En buena hora nuevamente el acceso a medicamentos está en debate. Si bien el tema es complejo y requiere especialización para entrar en detalles, sí existen hechos que los consumidores comprobamos diariamente y que nos afectan. Con un mercado de medicamentos en el que las cadenas de boticas son un oligopolio, las arbitrariedades se repiten. Si en Chile FASA ha aceptado que concertaba ilegalmente precios con otras grandes cadenas y el Estado le impuso una multa de diez millones de dólares, es fácil imaginar las cosas que pueden estar sucediendo en el Perú con nuestra incapacidad regulatoria.
Investigaciones recientes están detectando que la influencia hacia los profesionales de la salud desde las empresas farmacéuticas no se inicia ahí, sino que la industria se ha introducido ya en las facultades universitarias de medicina, condicionando así la formación profesional. La industria apoya económicamente actividades universitarias; asimismo visitadores/asesores médicos tienen acceso a las facultades universitarias para explicar las bondades de tal o cual producto y la difusión de nuevas enfermedades que requieren nuevos medicamentos; u otorgan becas para congresos, obsequios educativos como libros, invitaciones a conferencias o almuerzos (1).
Es decir, el asunto no queda en una cuestión de mercado y en la influencia sobre los profesionales de la medicina, sino que ha penetrado en la propia conciencia del sistema de formación universitaria, lo cual es desde cualquier ángulo inaceptable. Resulta así cada vez más complicado superar y ordenar las políticas sobre salud en relación a los medicamentos, cuando la influencia de la industria se expande como un cáncer. Y finalmente, como sucede en el falso libre mercado, los que pagamos las cuentas somos los ciudadanos.
El Perú es uno de los países en el que la institución encargada de influir en el acceso a los medicamentos, la DIGEMID, tiene menos capacidad para poder hacerlo en beneficio de la población. El Ministro de Salud y el Director de DIGEMID, han salido al debate para sustentar la modificación a la ley general de salud en relación a varios temas, algunos relacionados al TLC con EEUU. Inmediatamente, la industria nacional y sus representantes (Súper-Climper) han aparecido para sostener que no sabían sobre la modificación y que en todo caso el costo de ello se trasladará a la gente.
Los medicamentos son un bien público, directamente relacionado a la salud colectiva e individual; como tales la lógica de mercado no los abarca completamente. Requieren de una regulación distinta a la que existe para la venta de una prenda de vestir o de un DVD; es decir, el Estado debe regular y crear las condiciones (2) para que sus precios no se definan por el interés de la industria de medicamentos. Y ello no va en contra de la libertad; al contrario afirma la libertad de los individuos, al proporcionarles un acceso a medicamentos en condiciones aceptables y permitirles mejorar su salud.
La libertad empresarial (LE) y la libertad individual (LI) son parte del enfoque general de libertades, pero definitivamente la libertad individual está por encima de todas las otras libertades, que deben contribuir a fortalecerla. Y no se trata de palabras, sino de condiciones que recortan la libertad. ¿Cómo así? Si los peruanos debido a las condiciones del mercado de medicamentos pagamos, como señala el Ministro de Salud, 11 soles por algo que el MINSA puede vender a 0.70 céntimos de sol o si te pueden duplicar el precio de un producto de un día a otro, es obvio que algo se pudre en Dinamarca. Tanto usted lector como millones de peruanos sabemos que es así cuando nos colocamos frente al mostrador.
Entonces, en este tema como en tantos otros, industrias o servicios amparados en una distorsionada libertad empresarial, diariamente nos esquilman los escasos recursos que como ciudadanos de un país pobre tenemos. Si sumamos una a una todas estas arbitrariedades empresariales avaladas, impulsadas o permitidas por el Estado (3) y los sucesivos gobiernos, veremos que no es poca cosa, sino que son cientos de millones de dólares al año, los que nos son arrancados ilegítimamente. El caso de los medicamentos es uno de los que más nos afecta, porque sus precios literalmente no pueden matar. Acercarse a los caminos de la libertad y del desarrollo pasa por delimitar las arbitrariedades de todo tipo.
(1) En el libro Os fármacos na actualidade – Antigos e novos desafíos página 139, Fernando Cornejo León ahonda en las estrategias de la industria sobre los estudiantes de medicina.
(2) Brasil y Venezuela impulsan la industria estatal de medicamentos sobre todo genéricos para regular así los precios.
(3) No es exagerado señalar que el Estado avala, impulsa o permite arbitrariedades empresariales, cuando por ejemplo la empresa ganadora de la concesión de la autopista Cerro Azul - Ica, viene cobrando por peaje hace casi un lustro decenas de millones de soles, pero a la fecha no ha construido un metro de la autopista a la que se comprometió; y de paso con su incumplimiento es en parte responsable de los cientos de muertes producidas en esa carretera desde la vigencia del contrato.
Alexandro Saco
19 4 2009
Investigaciones recientes están detectando que la influencia hacia los profesionales de la salud desde las empresas farmacéuticas no se inicia ahí, sino que la industria se ha introducido ya en las facultades universitarias de medicina, condicionando así la formación profesional. La industria apoya económicamente actividades universitarias; asimismo visitadores/asesores médicos tienen acceso a las facultades universitarias para explicar las bondades de tal o cual producto y la difusión de nuevas enfermedades que requieren nuevos medicamentos; u otorgan becas para congresos, obsequios educativos como libros, invitaciones a conferencias o almuerzos (1).
Es decir, el asunto no queda en una cuestión de mercado y en la influencia sobre los profesionales de la medicina, sino que ha penetrado en la propia conciencia del sistema de formación universitaria, lo cual es desde cualquier ángulo inaceptable. Resulta así cada vez más complicado superar y ordenar las políticas sobre salud en relación a los medicamentos, cuando la influencia de la industria se expande como un cáncer. Y finalmente, como sucede en el falso libre mercado, los que pagamos las cuentas somos los ciudadanos.
El Perú es uno de los países en el que la institución encargada de influir en el acceso a los medicamentos, la DIGEMID, tiene menos capacidad para poder hacerlo en beneficio de la población. El Ministro de Salud y el Director de DIGEMID, han salido al debate para sustentar la modificación a la ley general de salud en relación a varios temas, algunos relacionados al TLC con EEUU. Inmediatamente, la industria nacional y sus representantes (Súper-Climper) han aparecido para sostener que no sabían sobre la modificación y que en todo caso el costo de ello se trasladará a la gente.
Los medicamentos son un bien público, directamente relacionado a la salud colectiva e individual; como tales la lógica de mercado no los abarca completamente. Requieren de una regulación distinta a la que existe para la venta de una prenda de vestir o de un DVD; es decir, el Estado debe regular y crear las condiciones (2) para que sus precios no se definan por el interés de la industria de medicamentos. Y ello no va en contra de la libertad; al contrario afirma la libertad de los individuos, al proporcionarles un acceso a medicamentos en condiciones aceptables y permitirles mejorar su salud.
La libertad empresarial (LE) y la libertad individual (LI) son parte del enfoque general de libertades, pero definitivamente la libertad individual está por encima de todas las otras libertades, que deben contribuir a fortalecerla. Y no se trata de palabras, sino de condiciones que recortan la libertad. ¿Cómo así? Si los peruanos debido a las condiciones del mercado de medicamentos pagamos, como señala el Ministro de Salud, 11 soles por algo que el MINSA puede vender a 0.70 céntimos de sol o si te pueden duplicar el precio de un producto de un día a otro, es obvio que algo se pudre en Dinamarca. Tanto usted lector como millones de peruanos sabemos que es así cuando nos colocamos frente al mostrador.
Entonces, en este tema como en tantos otros, industrias o servicios amparados en una distorsionada libertad empresarial, diariamente nos esquilman los escasos recursos que como ciudadanos de un país pobre tenemos. Si sumamos una a una todas estas arbitrariedades empresariales avaladas, impulsadas o permitidas por el Estado (3) y los sucesivos gobiernos, veremos que no es poca cosa, sino que son cientos de millones de dólares al año, los que nos son arrancados ilegítimamente. El caso de los medicamentos es uno de los que más nos afecta, porque sus precios literalmente no pueden matar. Acercarse a los caminos de la libertad y del desarrollo pasa por delimitar las arbitrariedades de todo tipo.
(1) En el libro Os fármacos na actualidade – Antigos e novos desafíos página 139, Fernando Cornejo León ahonda en las estrategias de la industria sobre los estudiantes de medicina.
(2) Brasil y Venezuela impulsan la industria estatal de medicamentos sobre todo genéricos para regular así los precios.
(3) No es exagerado señalar que el Estado avala, impulsa o permite arbitrariedades empresariales, cuando por ejemplo la empresa ganadora de la concesión de la autopista Cerro Azul - Ica, viene cobrando por peaje hace casi un lustro decenas de millones de soles, pero a la fecha no ha construido un metro de la autopista a la que se comprometió; y de paso con su incumplimiento es en parte responsable de los cientos de muertes producidas en esa carretera desde la vigencia del contrato.
Alexandro Saco
19 4 2009
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