Ahora que ya se cuenta con estadísticas oficiales sobre las discapacidades producidas por los accidentes de tránsito, que en los últimos cuatro años afectaron a 120 mil peruanos, es momento de que la salud pública y sus mecanismos incorporen el tema en sus acciones. El gobierno viene impulsando el denominado Aseguramiento Universal en Salud (AUS) cuya norma ha sido promulgada el 8 de abril. En el plazo sesenta días debe reglamentarse y presentar al país el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que es listado mínimo que todas las entidades aseguradoras en salud públicas o privadas están obligadas a brindar.
Al menos un gesto político sanitario
Teniendo en cuenta la magnitud de los efectos en la salud de los peruanos que provoca el tránsito, en el marco del anunciado AUS, cuya expresión concreta en atenciones es el PEAS, el gesto político sanitario consiste en incorporar al menos a los que queden en discapacidad de ahora en adelante; ello sin ninguna restricción, desterrando la lógica de la pre condición para obligar a los seguros privados a brindar atenciones para la discapacidad. Y si el costo económico es alto, es el precio que hay que solventar como sociedad por ser incapaces de ordenar nuestro tránsito.
Sería algo incoherente que la principal política de ampliación de acceso a salud, deje de lado la causa de discapacidad y muerte que más afecta a los peruanos hoy. Entendiendo que para incorporar a todas las personas con discapacidades provenientes de accidentes de tránsito sería necesario un monto alto, es necesario analizar los fondos que en teoría se dedican a ello.
SOAT perverso, EsSalud se niega
Existen enormes ingresos que obtienen las aseguradoras por el SOAT. Este seguro obligatorio para los accidentes de tránsito no viene cumpliendo su fin original, que era lograr la mayor cobertura para las secuelas inmediatas de un accidente de tránsito; al contrario, en muchos casos se han generado incentivos perversos como el siguiente: Cuando se da un accidente de tránsito, se conoce que los bomberos, los paramédicos de las ambulancias o la propia policía, se pelean por llevar al accidentado a una clínica privada antes que aun hospital público; la clínica le paga al policía, bombero o paramédico unos cincuenta soles por paciente.
Ello se explica porque los 14 mil soles que cubre el SOAT por accidentado, en una clínica se pueden esfumar en dos días, mientras que en un hospital público pueden durar varios días de atención; pero en ambos casos una vez terminado el fondo SOAT el paciente queda en nada. Además suceden otras cosas extrañas. El principal asegurador del país, EsSalud, no recibe ni tiene planeado recibir a accidentados del SOAT; obviamente se escuda en lógicas costo beneficio, pero ese no es el espíritu de la seguridad social, sino todo lo contrario. Es decir, estamos frente a situaciones que evidencian una vez más las distorsiones de los seguros, con coima incluida.
Si buscamos la forma de generar un fondo que contribuya a las atenciones por discapacidades producidas por el transito, es necesario analizar detenidamente lo que viene sucediendo con las decenas de millones de dólares que al año ingresan a las aseguradoras privadas por el SOAT, y establecer si están contribuyendo al espíritu de su creación a sólo inflando cuentas y bolsillos empresariales. Además empujar a EsSalud a cumplir con su fin original dejando de lado la lógica de Fernando Barrios, que de salud sabe poco.
Todos somos responsables
La propia norma de AUS promulgada señala que su horizonte es llegar a la seguridad social en salud plena. Si creemos en esa afirmación existe la obligación enfrentar la tercera causa de años de vida saludables perdidos en el país. Pero el tema no es sanitario ni de transportes únicamente, es nacional. Millares de muertes al año y casi 120 mil discapacitados en los últimos cuatro años deben ser enfrentados desde la Presidencia del la República, MEF, MINSA, MINEDU, gobiernos regionales y municipales, etc.
Pero no sólo es cuestión de las autoridades elegidas o designadas; frente a unas cifras de guerra es obvio que todos somos en alguna medida responsables. En nuestras avenidas, calles y carreteras observamos cómo autos del año o carcochas, cometen faltas al reglamento de tránsito, pero las hemos normalizado. Somos cómplices en la medida en que no enfrentamos las arbitrariedades en el transporte; o cuando las cometemos nosotros las relativizamos y medimos con una doble vara.
¿Llegaré vivo?
Así como el dicho dice que a una sociedad se le conoce por cómo trata a sus ancianos y a sus animales, hoy el país olvida, obvia y da la espalda a todas las víctimas de esta situación que es reflejo de lo que sucede en otros ámbitos sociales. Es casi un problema de supervivencia porque subir a un transporte público es una ruleta rusa en la que nos jugamos la vida o la salud, sin saber si llegaremos vivos o enteros a nuestro destino.
Acercarnos a un horizonte en el que podamos controlar progresivamente esta masacre continua de peruanos pasa por una solución colectiva en la que todos debemos poner lo que esté a nuestro alcance, si es que existe una orientación definida que hoy, como en otros temas vitales, el gobierno no tiene.
Al menos un gesto político sanitario
Teniendo en cuenta la magnitud de los efectos en la salud de los peruanos que provoca el tránsito, en el marco del anunciado AUS, cuya expresión concreta en atenciones es el PEAS, el gesto político sanitario consiste en incorporar al menos a los que queden en discapacidad de ahora en adelante; ello sin ninguna restricción, desterrando la lógica de la pre condición para obligar a los seguros privados a brindar atenciones para la discapacidad. Y si el costo económico es alto, es el precio que hay que solventar como sociedad por ser incapaces de ordenar nuestro tránsito.
Sería algo incoherente que la principal política de ampliación de acceso a salud, deje de lado la causa de discapacidad y muerte que más afecta a los peruanos hoy. Entendiendo que para incorporar a todas las personas con discapacidades provenientes de accidentes de tránsito sería necesario un monto alto, es necesario analizar los fondos que en teoría se dedican a ello.
SOAT perverso, EsSalud se niega
Existen enormes ingresos que obtienen las aseguradoras por el SOAT. Este seguro obligatorio para los accidentes de tránsito no viene cumpliendo su fin original, que era lograr la mayor cobertura para las secuelas inmediatas de un accidente de tránsito; al contrario, en muchos casos se han generado incentivos perversos como el siguiente: Cuando se da un accidente de tránsito, se conoce que los bomberos, los paramédicos de las ambulancias o la propia policía, se pelean por llevar al accidentado a una clínica privada antes que aun hospital público; la clínica le paga al policía, bombero o paramédico unos cincuenta soles por paciente.
Ello se explica porque los 14 mil soles que cubre el SOAT por accidentado, en una clínica se pueden esfumar en dos días, mientras que en un hospital público pueden durar varios días de atención; pero en ambos casos una vez terminado el fondo SOAT el paciente queda en nada. Además suceden otras cosas extrañas. El principal asegurador del país, EsSalud, no recibe ni tiene planeado recibir a accidentados del SOAT; obviamente se escuda en lógicas costo beneficio, pero ese no es el espíritu de la seguridad social, sino todo lo contrario. Es decir, estamos frente a situaciones que evidencian una vez más las distorsiones de los seguros, con coima incluida.
Si buscamos la forma de generar un fondo que contribuya a las atenciones por discapacidades producidas por el transito, es necesario analizar detenidamente lo que viene sucediendo con las decenas de millones de dólares que al año ingresan a las aseguradoras privadas por el SOAT, y establecer si están contribuyendo al espíritu de su creación a sólo inflando cuentas y bolsillos empresariales. Además empujar a EsSalud a cumplir con su fin original dejando de lado la lógica de Fernando Barrios, que de salud sabe poco.
Todos somos responsables
La propia norma de AUS promulgada señala que su horizonte es llegar a la seguridad social en salud plena. Si creemos en esa afirmación existe la obligación enfrentar la tercera causa de años de vida saludables perdidos en el país. Pero el tema no es sanitario ni de transportes únicamente, es nacional. Millares de muertes al año y casi 120 mil discapacitados en los últimos cuatro años deben ser enfrentados desde la Presidencia del la República, MEF, MINSA, MINEDU, gobiernos regionales y municipales, etc.
Pero no sólo es cuestión de las autoridades elegidas o designadas; frente a unas cifras de guerra es obvio que todos somos en alguna medida responsables. En nuestras avenidas, calles y carreteras observamos cómo autos del año o carcochas, cometen faltas al reglamento de tránsito, pero las hemos normalizado. Somos cómplices en la medida en que no enfrentamos las arbitrariedades en el transporte; o cuando las cometemos nosotros las relativizamos y medimos con una doble vara.
¿Llegaré vivo?
Así como el dicho dice que a una sociedad se le conoce por cómo trata a sus ancianos y a sus animales, hoy el país olvida, obvia y da la espalda a todas las víctimas de esta situación que es reflejo de lo que sucede en otros ámbitos sociales. Es casi un problema de supervivencia porque subir a un transporte público es una ruleta rusa en la que nos jugamos la vida o la salud, sin saber si llegaremos vivos o enteros a nuestro destino.
Acercarnos a un horizonte en el que podamos controlar progresivamente esta masacre continua de peruanos pasa por una solución colectiva en la que todos debemos poner lo que esté a nuestro alcance, si es que existe una orientación definida que hoy, como en otros temas vitales, el gobierno no tiene.
* Imagen del trasporte en autos desde Chiclayo hacia Jaén. Diciembre 2008.
Alexandro Saco
27 4 2009
Alexandro Saco
27 4 2009
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